A cien días de la llegada de Delcy Rodríguez al poder en Venezuela, crecen los cuestionamientos sobre la legitimidad de su mandato, marcado por interpretaciones jurídicas controversiales y una creciente tensión institucional.
Rodríguez asumió la presidencia tras la captura de Nicolás Maduro en enero de 2026, mediante una decisión del Tribunal Supremo de Justicia que calificó la situación como una “ausencia temporal”, evitando así la convocatoria inmediata de elecciones.
Sin embargo, expertos constitucionales y organizaciones civiles advierten que esta figura no está claramente establecida en la Constitución venezolana, lo que ha generado críticas sobre una supuesta continuidad en el poder “a espaldas del orden constitucional”.
De acuerdo con analistas, los plazos constitucionales para declarar una falta absoluta del presidente y convocar elecciones podrían estar siendo ignorados, prolongando una situación de incertidumbre política en el país.
Durante estos primeros 100 días, la administración de Rodríguez ha impulsado medidas como reformas en el gabinete, propuestas de amnistía y liberación parcial de presos políticos, mientras busca proyectar una imagen de apertura y transición.
No obstante, sectores opositores y parte de la comunidad internacional insisten en la necesidad de elecciones libres para restablecer el orden democrático y resolver la crisis de legitimidad que atraviesa Venezuela.